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Unos 30.000 interinos andaluces quieren ser funcionarios sin oposición

Del total de 30.000 plazas que los promotores de la iniciativa describen en fraude de ley, 902 corresponden a la Administración General; 388, a Justicia; 9.603 son funcionarios interinos de Educación y 18.618 son eventuales estatutarios de Sanidad.

La Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos (ILPA), impulsada por funcionarios interinos de la Junta de Andalucía, se debatirá, a partir de septiembre, en el Pleno del Parlamento de Andalucía una vez que la Mesa de la Cámara haya recibido la validación de la Junta Electoral de las 44.165 firmas de ciudadanos que respaldan esta moción. La iniciativa que persigue la aprobación mediante una Ley de la convocatoria de una Oferta Pública de Empleo (OPE) extraordinaria, mediante un concurso de méritos, para la estabilización de 29.511 empleados públicos, quienes se consideran en fraude de ley.

La Mesa del Parlamento ya calificó la iniciativa en septiembre de 2018, según indicaron los promotores en un comunicado remitido a Europa Press, y el 14 de marzo de este año acordó prorrogar en dos meses el plazo general para la entrega de las firmas recogidas a la Junta Electoral andaluza, que certificó la validez de 44.165 firmas de las 51.630 presentadas por los interinos, quienes superan las 40.000 exigidas para la presentación de la ILP.

El portavoz de la comisión promotora de la ILP, David Núñez, se mostró satisfecho porque «ahora se abre el proceso para su debate y la oportunidad para dar una solución a casi 30.000 plazas estructurales ocupadas por funcionarios interinos en fraude de ley por abuso en la contratación temporal, una situación absolutamente injusta», aseguró y expresó su confianza en que la propuesta reciba el respaldo unánime de los partidos con representación parlamentaria. Además, explicó que los 30.000 funcionarios interinos «aprobaron unas oposiciones, aunque sin plaza», como requisito para su nombramiento, y pidió que ahora se utilice «directamente el concurso de méritos para la adjudicarlas definitivamente», vía que asegura prevé el artículo 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público como medida extraordinaria y siempre que se apruebe por ley.

 Por otro lado, los promotores consideraron que la convocatoria sería libre para que se pudieran presentar «todas aquellas personas que hayan ocupado puestos de funcionario interino, aunque hayan sido cesadas». Y recordaron que la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, en la sentencia 3251/2018, consideró un abuso en la contratación la cobertura de puestos estables y estructurales de forma provisional más de tres años y esgrimieron que la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 contempla que se pueda acometer una estabilización.

Publicado por: Alex el martes 09 de julio de 2019



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