Síguenos:

Lío en la formación para el empleo

Un millón y medio de personas llevan dos años sin recibir los obligatorios cursos de formación para el empleo. En 2015, porque no hubo convocatoria en pleno enfrentamiento del Ministerio con los agentes sociales sobre el cambio de regulación de los mismos tras los casos conocidos de corrupción y en 2016 porque no se adjudicaron las subvenciones en una convocatoria que, finalmente, ha quedado anulada parcialmente por dos sentencias judiciales ante demandas de los sindicatos y la patronal frente al Ministerio.

La consecuencia de esta anormal situación es que, en uno de los asuntos más importantes para nuestro país -ya que casi la mitad de los desajustes de talento a que está forzando la revolución tecnológica se hace frente desde las empresas con formación para readaptar las capacidades y conocimientos de los ya empleados-, sobre cuyas deficiencias nos acaba de llamar la atención la OCDE, las casi 6.000 empresas que ofrecen este tipo de formación, según su patronal, viven en plena inseguridad jurídica y con serias dificultades financieras. En parte, porque no han cobrado el ultimo pago de las subvenciones de 2014, mientras el Ministerio deja sin gastar una parte importante del Presupuesto previsto para este fin.

La formación continua, destinada al reciclaje de los ocupados y, por tanto, muy vinculada a la negociación colectiva, es uno de los tres pilares en que se articula nuestra formación profesional junto a la reglada, componente educativo del modelo y a la ocupacional, destinada a cualificar a desempleados. Recibe un impulso desde 1992 tras alcanzar el primer Acuerdo Nacional sobre Formación Continua, que fue renovado varias veces hasta el último firmado en 2006, estableciendo tres principios que se mantuvieron en el periodo: las acciones de formación se financiaban mediante una parte específica de las cotizaciones sociales destinadas a este fin, se regulaban y controlaban mediante una Fundación Tripartita para la Formación y el Empleo y se permitía que las empresas (incluidas las creadas a tal fin por los interlocutores sociales) pudieran prestar o contratar directamente cursos de formación para los trabajadores.

El modelo ha sufrido dos cambios importantes en los últimos años: desde 2002, se permite que las grandes empresas puedan establecer directamente sus propios programas formativos, que pueden subcontratar con empresas especializadas, financiándolos mediante una deducción parcial de sus cotizaciones sociales para la formación (formación de demanda). A ello se suman los programas financiados por las Comunidades Autónomas, que se unen al proceso tras las transferencias y se mantienen los planes de oferta gestionados por los interlocutores sociales a través de la Fundación Tripartita y centrados en agrupar ocupados de empresas de menor tamaño vinculadas mediante los convenios colectivos sectoriales.

"Las casi 6.000 empresas que ofrecen esta formación viven en plena inseguridad jurídica"

En 2015 se aprobó una nueva Ley reguladora del sistema de formación profesional para el empleo que ha marcado uno de los hitos en el desarrollo de la formación continua en España, hasta representar un verdadero punto de inflexión forzado por los casos de corrupción detectados con el modelo anterior. Entre los cambios que introduce, tres son fundamentales: hace mayoritaria la presencia de la Administración Pública en los órganos de gobierno de la Fundación Tripartita que diseña y controla el modelo; retira a los agentes sociales la capacidad de participar en la gestión de los fondos y permite, mediante concurrencia competitiva, el acceso directo a los fondos públicos de las entidades y empresas que imparten formación profesional para el empleo; es decir, los proveedores efectivos debidamente acreditados. A la vez, establece un escenario de planificación plurianual y se refuerza el papel de la formación de demanda prestada desde las empresas dejando como complementario a la de oferta prestada desde las administraciones.

Esta Ley que, como se ve, da un vuelco a la situación anterior, ha sido considerada como muy positiva por la mayoría de expertos, ha generado el descontento de los interlocutores sociales y la esperanza en el sector de empresas de formación. Sin embargo, su aplicación está siendo manifiestamente mejorable, hasta provocar la critica situación que he denunciado en el inicio del artículo.

Este cambio positivo en la gobernanza del sistema se ha solapado con los efectos de la crisis en un triple aspecto: los presupuestos para la formación continua de oferta se recortan desde los 800 millones de euros hasta los 290; en paralelo, las empresas recortan también sus gastos en formación de demanda y, tercero, sólo el 65% de trabajadores afectados por convenios de empresa (potenciados con la reforma laboral) tiene cláusula de formación.

Dada la importancia estratégica que para España tiene este asunto, que afecta de manera directa al sector de servicios y centros prestadores de esta formación -pero también al conjunto del país, porque es muy sólida la relación entre formación y mejores empleos-, es imprescindible articular un plan estable que incluya, cuanto menos, los cuatro siguientes elementos: sustituir gradualmente el actual sistema de subvenciones por la licitación mediante concursos públicos; una asignación concertada de actividades en un horizonte a medio plazo que permita la planificación de las actividades educativas por parte de los centros; un sistema homogéneo de cálculo de costes por módulos que simplifique el proceso de asignación de recursos y una mayor participación del sector en la gobernanza del sistema, aunque para ello fuera conveniente fortalecer el proceso de asociación organizativa en marcha y, también, superar el exceso actual de minifundismo empresarial que caracteriza al mismo.

Lo urgente, es superar el actual bloqueo judicial a la convocatoria de cursos. Tanto la patronal del sector, Aegef, como el resto de afectados (CEOE, UGT y CCOO), han manifestado su deseo de colaborar para que ello sea posible. Pero, a partir de ahí, le queda mucha tarea pendiente al Ministerio, en uno de los asuntos claves que están determinando el futuro del país en plena revolución de la Inteligencia Artificial. Empezando, tal vez, por situar el problema al nivel de importancia política y mediática que de verdad tiene, que es mucha.

Publicado por: Alex el lunes 04 de diciembre de 2017



Comentarios Facebook
Síguenos:


Tal vez te interese:

Nuevo servicio de alertas EMPLEO, adaptadas a tu perfil profesional
Ofertas Empleo Sucurriculum.com RSS Empleo Local
ofreces empleo
Síguenos en Twitter


Síguenos en Google+


Síguenos en Linkedin


En Facebook


Nuevo servicio de alertas EMPLEO, adaptadas a tu perfil profesional

POLÍTICA COOKIES | PROTECCIÓN DE DATOS | AVISO LEGAL | CONTACTO | EmergencyID

Alertas de Empleo

Alertas de Empleo Personalizadas:

Recomendamos NO usar mail de yahoo
De donde te interesan las ofertas:

Palabras que definan su perfil separadas por comas

Fecha Nacimiento


Afirmo que he leído la información legal y protección de datos del sitio web
cerrar
No olvides Compartir: