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Las medidas de Sánchez restarán empleo según los expertos

Los principales reproches de los expertos alertan del efecto negativo para 2019 de estas medidas sobre el empleo, la competitividad y el déficit público, sobre todo por el momento en el que llegan: tras un 2018 en el que la economía española ha ahondado su desaceleración, al reducir el PIB su ritmo de crecimiento del 3% de 2017 al 2,6% que pronostica el Gobierno.

Al acabar el año se acumulan las miradas escrutadoras al ejercicio que expira para catalogarlo. En el caso del Gobierno de Pedro Sánchez, la evaluación de su legado económico no llega a los doce meses completos y solo arroja siete de mandato y numerosas promesas que esperan a la aprobación de los Presupuestos y, por tanto, no han pasado del anuncio. Las mayores críticas de los economistas consultados no son tanto para las medidas aprobadas por el Gobierno sino por las reformas que no ha emprendido y que en sus palabras requiere la economía española ante un escenario de minoría parlamentaria. Pese a ello, el Ejecutivo ha sacado adelante medidas del calado de la subida del 22,3% del salario mínimo interprofesional (SMI), hasta los 900 euros mensuales, la compensación de las pensiones con el IPC, la subida de sueldo del 2,25% de los más de tres millones de empleados públicos, y dos nuevas leyes que regulan el mercado hipotecario y el del alquiler.

Máxime cuando la ministra de Economía, Nadia Calviño, reconoció en una entrevista en la cadena Ser hace unos días que el Ejecutivo iba a empeorar sus estimaciones para 2019 del 2,3%, si bien España seguiría creciendo por encima del 2%. A ello se le suma un escenario con turbulencias ante la subida de tipos y las tensiones comerciales. «En 2019, salvo que se produzca un cambio radical en la política gubernamental, se certificará el final del ciclo expansivo», cree la directora general de Freemarket, María Gómez.

Desde el pasado día 1, el SMI es de 900 euros mensuales. El profesor de Economía en el IE Business School y en la universidad San Pablo CEU, Rafael Pampillón, advierte de que la medida «penalizará la competitividad» de la economía, al elevar los costes laborales y provocar pérdida de puestos de trabajo, que en buena parte «serán absorbidos por la mecanización». Una opinión en la que coincide el profesor del IESE, José Ramón Pin, que destaca el momento de desaceleración del empleo.

El fuerte incremento del 22% es uno de los aspectos que más dudas genera, ya que si el SMI subió en 2017 y 2018, lo hizo un 8% y un 4% respectivamente. El director de Coyuntura y Economía Internacional de Funcas, Raymond Torres, recuerda el caso de la provincia canadiense de Ontario, que elevó también su salario mínimo un 20% el año pasado. «El efecto sobre la tasa de paro no ha sido reseñable. Empíricamente los mayores riesgos vienen si el SMI supera el 60% del salario medio», señala Torres. El SMI anual es de 12.600 euros, por debajo de los 14.160 que supone el 60% del salario medio, por lo que el economista de Funcas no cree que vaya a tener un gran impacto y sostiene que puede reducir la «precariedad».

Pese a ello reconoce que «destruirá empleo», aunque parte se compensará por el alza del consumo que puede provocar entre los beneficiados. Y subraya otro matiz: «los estudios muestran que es mejor que el incremento provenga de un acuerdo entre sindicatos y patronal, y no fue el caso».

Los expertos también alertan de la subida de pensiones que aprobó el Ejecutivo de Pedro Sánchez para ligar la prestación al IPC, y compensar el desvío previsto al suponer el 1,7% y no el 1,6% presupuestado, mecanismo que se repetirá en 2019, con lo que acaba con la reforma de las pensiones de 2013, que preveía un incremento máximo del 0,25% si el sistema es deficitario. La directora del departamento de Economía del Círculo de Empresarios ve «positivo actualizar las pensiones mínimas», que han subido un 3%. Sin embargo, cuestiona el incremento del resto. «En el entorno actual, en el que está en juego la sostenibilidad del sistema, no tiene sentido vincular las pensiones al IPC. Necesitamos medidas que aborden el reto demográfico», apunta.

«Esto redunda en un aumento del déficit y es una medida populista porque la pirámide poblacional desaconseja ligarlo al IPC», opina por su parte Pampillón. Torres destaca que el futuro sistema de pensiones debe cumplir los principios de sostenibilidad y suficiencia. «Lo que se ha hecho no es una reforma, sino un parche puntual. Y aquí el problema es que hay que aprobar más medidas, como elevar la edad de jubilación o endurecer las prejubilaciones, como ocurre en otros países que además han creado organismos de vigilancia del sistema», señala.

A ello se añade la subida salarial que ya pactó el Gobierno de Rajoy, del 2,25% a los funcionarios, que supone 3.386 millones de euros, una medida que critican Pin, Pampillón y Coronil. Torres reclama que junto a esto se debería «evaluar la eficiencia de la Administración».

La directora general de Freemarket, considera por su parte que la «ausencia de una política consistente de reducción del binomio déficit-deuda» es una de las razones por la que muchos agentes económicos ya dan por hecho «un ajuste a la baja de la tasa de crecimiento» en este ejercicio.

La nueva ley hipotecaria que traslada al banco los gastos de notaría, gestión y registro al banco, además del decreto en el que añade el impuesto de Actos Jurídicos Documentados, también recoge críticas de los expertos. «La banca lo va a repercutir, así que el crédito se encarecerá», avisa Pin.

Los más perjudicados, según Coronil, serán los consumidores. «Los créditos hipotecarios se van a encarecer, lo que va a afectar al poder adquisitivo de los ciudadanos. Las familias, no solo las empresas, necesitan seguridad jurídica para acometer la compra de bienes duraderos. El contexto actual desincentiva este tipo de adquisiciones», señala.

Publicado por: Alex el martes 08 de enero de 2019



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