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La Seguridad Social peligra por la falta de ingresos

La Seguridad Social corre un serio peligro de quiebra. Y es que, desde que se inició la crisis en 2007, ha pasado de tener un superávit de 14.673 millones a un déficit de casi 17.000 millones, lo que representa un 1,55% del PIB. Además, en el Fondo de Reserva de las pensiones, en el cual al comienzo de la legislatura había 66.815 millones, ahora, tras la abusiva utilización hecha por el Gobierno, apenas quedan 25.000.

Es muy probable que a final de año, cuando el nuevo Ejecutivo, sea del color que sea, tenga que abonar a los pensionistas la paga extra de Navidad, necesite retirar de la hucha de las pensiones otros 8.700 millones, más 1.000 adicionales para pagar las retenciones del IRPF. Es decir, sólo en 2016, para hacer frente a las dos pagas extras de los pensionistas, el Gobierno habrá utilizado 19.000 millones del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.

Es cierto que éste fue creado para asegurar la viabilidad del sistema, pero el hecho de que el Gobierno haya echado mano de él de forma reiterada no es más que la constatación de que existe un grave problema de ingresos. Las causas de esta disminución son varias, todas ellas relacionadas con el principal problema estructural que presenta nuestra economía: los altos índices de paro, sensiblemente menores que al inicio de la legislatura, pero todavía por encima del 22%. Porque aunque la reforma laboral ha sido un revulsivo en la creación de nuevos puestos de trabajo, ni han sido suficientes ni su calidad contributiva es la mejor.

Tanto la devaluación salarial sufrida por los trabajadores del sector privado, el aumento del número de autónomos, con bajas cuotas, así como el incremento del empleo temporal y de la afiliación a tiempo parcial han reducido las bases de cotización a la Seguridad Social, de tal forma que los nuevos trabajadores no aportan lo suficiente para pagar a los que cada año se suman a cobrar una pensión. Por otra parte, los incentivos a la contratación, en forma de subvenciones, bonificaciones y reducción de las cotizaciones, se financian también con fondos que aporta la Seguridad Social en lugar de impuestos.

Todo eso, unido al paulatino envejecimiento de la población (ya existen en España casi 9 millones y medio de pensionistas, frente a los 3,5 millones que existían en 1975) obliga a una profunda reflexión por parte de la clase política, las patronales y los sindicatos. Urge, por tanto, que el nuevo Gobierno que se forme en las próximas semanas convoque, como una de sus primeras decisiones, el Pacto de Toledo para que modifique la forma de revalorizar las pensiones y acometa una drástica reducción del gasto.

Publicado por: Alex el lunes 11 de julio de 2016



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