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España regulará el derecho de trabajadores a la desconexión digital

La nueva ley de Protección de Datos, que adaptará el ordenamiento jurídico español al nuevo reglamento europeo de Protección de Datos, está pendiente ahora de pasar a la fase de Comisión en el Congreso como parte de su tramitación parlamentaria.

Este proyecto de ley, que están consensuando los grupos parlamentarios en el Congreso, "con gran consenso" según el diputado socialista Artemi Rallo, garantizará derechos como la desconexión digital del trabajador fuera de su horario laboral, según el informe concluido por la ponencia en el Congreso que ha debatido las enmiendas al texto inicial de esta iniciativa que busca reforzar la privacidad.

La mayoría de enmiendas presentadas al texto inicial de esta iniciativa que incluye un centenar de artículos han sido ya transaccionadas y existe "un compromiso general de apoyo de todos los grupos", añade el parlamentario del PSOE, quien confía en que la iniciativa esté definitivamente aprobada antes de finales de año.

En el dictamen de la ponencia que ha analizado el proyecto de ley han quedado fijados criterios como la edad mínima de acceso de los menores a redes sociales sin consentimiento de los padres que se establece en los 14 años, frente a los 13 años en el texto inicial -el reglamento europeo de Protección de Datos da margen a los Estados miembros para fijar esa edad en una banda de entre 13 y 16 años.

La difusión de imágenes de menores de redes sociales que pueda suponer una intromisión ilegítima en sus derechos fundamentales puede terminar en una intervención del Ministerio Fiscal.

Si se incumple el reglamento de protección de datos, éste prevé sanciones millonarias, de hasta 10 millones de euros o hasta el 2% del volumen de negocio si se trata de una empresa por desoír las advertencias, apercibimientos, medidas concretas y multas administrativas.

La nueva ley de Protección de Datos, que adaptará el ordenamiento jurídico español al nuevo reglamento europeo de Protección de Datos, está pendiente ahora de pasar a la fase de Comisión en el Congreso como parte de su tramitación parlamentaria.

Este proyecto de ley, que están consensuando los grupos parlamentarios en el Congreso, "con gran consenso" según el diputado socialista Artemi Rallo, garantizará derechos como la desconexión digital del trabajador fuera de su horario laboral, según el informe concluido por la ponencia en el Congreso que ha debatido las enmiendas al texto inicial de esta iniciativa que busca reforzar la privacidad.

La mayoría de enmiendas presentadas al texto inicial de esta iniciativa que incluye un centenar de artículos han sido ya transaccionadas y existe "un compromiso general de apoyo de todos los grupos", añade el parlamentario del PSOE, quien confía en que la iniciativa esté definitivamente aprobada antes de finales de año.

En el dictamen de la ponencia que ha analizado el proyecto de ley han quedado fijados criterios como la edad mínima de acceso de los menores a redes sociales sin consentimiento de los padres que se establece en los 14 años, frente a los 13 años en el texto inicial -el reglamento europeo de Protección de Datos da margen a los Estados miembros para fijar esa edad en una banda de entre 13 y 16 años.

Si se incumple el reglamento de protección de datos, éste prevé sanciones millonarias, de hasta 10 millones de euros o hasta el 2% del volumen de negocio si se trata de una empresa por desoír las advertencias, apercibimientos, medidas concretas y multas administrativas.

Se reforzará asimismo la privacidad de los empleados ante sistemas audiovisuales o de geolocalización en el trabajo. "Bajo ningún concepto se puede menoscabar el derecho a la intimidad de los trabajadores" bajo el argumento de la seguridad, explicó a Efe la diputada de Unidos Podemos Sara Carreño.

Asimismo, se facilitará el acceso de las familias del colectivo conocido como bebés robados a ficheros con sus datos, incluidos los eclesiásticos, añade Carreño. De hecho, la normativa incluye una disposición adicional con una referencia expresa para que se atiendan las peticiones de acceso a archivos públicos y eclesiásticos que sean objeto de investigaciones policiales o judiciales.

Publicado por: Alex el jueves 04 de octubre de 2018



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