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Empleo impide jubilarse a los 61 años a los parados mayores de 55

Un cambio de criterio de la Seguridad Social en la aplicación de la norma deja a decenas de miles de desempleados sin acceso a jubilación anticipada

La Seguridad Social ha cambiado de caballo a mitad de la carrera. Esa es la impresión de decenas de miles de parados afectados por el viraje que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha dado en lo que respecta a que parados mayores de 55 años puedan acogerse a la jubilación anticipada a los 61 años, como permitía la normativa previa a la última reforma del sistema de Seguridad Social, aprobada en agosto del 2011.

Este colectivo, cumpliendo una serie de requisitos -haber perdido el empleo antes de abril del 2013, tener más de 55 años y no estar dado de alta en ningún régimen de la Seguridad Social, es decir, no ser trabajador en activo-, suscribió un convenio especial que les permitía seguir cotizando, pese a no haber vuelto a trabajar tras el despido, para poder mejorar así su pensión futura, a la que podrían acceder de forma anticipada con 61 años.

Pero eso ocurría hasta junio. Hasta que, en virtud de una indicación interna de la dirección general de Ordenación de la Seguridad Social, cambió el criterio de aplicación de la norma que hacía posible que este colectivo estuviera amparado por la legislación previa a la última reforma, que, entre otras cosas, retrasó la edad de jubilación anticipada a los 63 años.

En el último año y medio se venía aplicando esta situación transitoria -prevista hasta el 2019-, más beneficiosa para quienes se han visto expulsados del mercado laboral a partir de los 55 años. Pero la circular de junio -ratificada de nuevo en idéntico sentido con otra fechada el 1 de agosto- ha provocado que personas que esperaban acceder ya a la jubilación hayan visto cómo esta les era denegada por considerar, en una interpretación literal de la ley, que haber estado cotizando a la Seguridad Social, pese a pagarlo de su bolsillo y no ser fruto de una relación laboral. Y precisamente a ese argumento se agarran desde el ministerio que dirige Fátima Báñez para defender que no ha habido cambio de criterio alguno, sino únicamente una interpretación «coherente» con la ley y la reforma del 2013, después de recibir numerosas consultas desde las administraciones territoriales.

Publicado por: Alex el jueves 14 de agosto de 2014



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