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El gasto en pensiones duplica su crecimiento en el comienzo de 2019

Las políticas de más gasto y de subida de impuestos a las empresas aplicadas por el Gobierno desde enero ya se reflejan con nitidez en los balances de la Seguridad Social. Hasta febrero el ritmo de crecimiento del gasto en pensiones rozó el 7%, el doble del crecimiento que tenía la factura de las pensiones un año antes.

Es un alza récord, que se explica no solo por la incorporación de pensionistas al sistema, también por el mayor desembolso del sistema dedicado a subir un 1,6% las prestaciones de los jubilados, 3% para el caso de las mínimas, y la paga compensatoria por la desviación de los precios en una décima. A estos desembolsos se han unido a jubilación anticipada a 3.000 policías que no solo engrosan el número de beneficiarios, también tienen una pensión superior a la media.

Pero las políticas de Ejecutivo también se han dejado notar en la recaudación que, en plena desaceleración de la economía, crece a tasas desconocidas. Esta evolución se explica sobre todo por la subida de los impuestos al empleo aplicados desde enero, pero también por el alza del salario mínimo hasta 900 euros mensuales y, en general, por el aumento de los salarios. La ejecución presupuestaria de la Seguridad Social refleja que el sistema público recaudó en solo dos meses algo más de 20.000 millones, un 6,5% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando los ingresos crecían a un ritmo del 5%.

La sudida de las cotizaciones a las empresas ha jugado un papel importante en que la Seguridad Social haya hecho caja. En el primer mes del año las bases máximas de cotización, que son las que se corresponden con los sueldos más elevados, subieron un 7% y un 22,3% las bases mínimas, en línea con el alza del SMI. También se incrementaron un 1,25% la base mínima de los autónomos y se endureció en un 40% la cotización para los contratos temporales inferiores a cinco días como medida para frenar la temporalidad en el empleo. Las empresas, además, ya pagan la cotización de los alumnos en los programas de formación y prácticas no laborales y académicas, aunque no estén remunerados.

Este aumento de la presión sobre la fiscalidad de las empresas hizo estallar a la CEOE. Su presidente, Antonio Garamendi, cuantificó un gasto adicional en las cuotas que pagan las empresas a la Seguridad Social de 1.500 millones. Por ello, auguró que esta subida provocará un «recorte en la contratación», como finalmente está ocurriendo.

Como ya informó ABC, el aumento de los impuestos al empleo y la subida del salario mínimo hasta 900 euros están siendo barreras que han encarecido la contratación y se traducirán este año en que la economía española requerirá de un mayor crecimiento de la actividad para poder crear puestos de trabajo, a diferencia de lo que venía ocurriendo en los últimos años. Los datos de afiliación, el termómetro más fiable para medir el empleo, reflejan desde el verano una clara desaceleración, en línea con la economía, que se agudiza cada mes.

En los tres primeros meses de aplicación del nuevo SMI las consecuencias ya se perciben. La contratación indefinida prácticamente se ha hundido y el empleo se desacelera en toda España; ha pasado de crecer a ritmos anuales superiores al 3% a final de 2018 a hacerlo al 2,8% en febrero. Marzo no fue mejor para los contratos. Los datos del Ministerio de Trabajo situarán en un 7% la caída interanual, el peor registro desde 2013.

Las pensiones de incapacidad permanente han mejorado mil euros con un coste superior a 25 millones y ya están en vigor una sucesión de bonificaciones a la contratación pese a que el partido en el Gobierno siempre se mostró contrario a este tipo de ayudas en un momento en el que la Seguridad Social arrastra un déficit de 18.000 millones. Están en marcha ayudas a la conversión de contratos temporales de eventuales agrarios en indefinidos (12,78 millones), a la contratación de desempleados de larga duración (25,6 millones) y para prolongar la actividad de trabajadores con contratos fijos discontinuos en el sector turístico (22 millones). Más de 42 millones irán a compensar con una bajada de cuotas a los trabajadores del campo por la repercusión negativa del salario mínimo.

Publicado por: Alex el jueves 25 de abril de 2019



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