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El Estado abusa de la caja de las pensiones

El pasado viernes, cinco días después de las elecciones, el Gobierno en funciones anunció la retirada de 8.700 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la conocida hucha de las pensiones, para pagar la extra de verano a los jubilados.

Se trata de la mayor partida hasta ahora de una sola vez y deja al descubierto la situación insostenible a la que se verá abocado el sistema público de pensiones si tanto el Gobierno como las principales formaciones políticas continúan instaladas en el inmovilismo.

Cuando el PP llegó al Gobierno en 2011, la caja de las pensiones rozaba los 67.000 millones. Ahora, después de la última operación, apenas quedan 25.176 millones. Ya el año pasado, el Ministerio de Trabajo tuvo que usar 13.250 millones de este fondo para abonar las dos pagas extras de los pensionistas. Y, pese a que la hucha de las pensiones se concibió como una reserva para asegurar el futuro, la realidad es que el Gobierno se ha acogido a ella de forma sistemática. A ello hay que sumar que, tras las modificaciones legales introducidas por el Gobierno, la Seguridad Social se ha hecho cargo de gastos ajenos a su naturaleza, como las bonificaciones a la contratación. En la práctica, esto supone esquilmar los fondos que única y exclusivamente pertenecen a los pensionistas. Esta situación no ha hecho más que deteriorar las finanzas del instituto previsor, que el año pasado cerró con un déficit de 17.000 millones de euros, pese a que la economía creció a un ritmo del 3,2%. Los cálculos apuntan a un déficit récord en 2016. Primero porque el Gobierno ha decidido estimular la contratación con reducciones directas de cotizaciones, lo que restará 2.500 millones a las arcas de la Seguridad Social. Y, segundo, por la creciente precarización del empleo.

La reforma laboral ha reactivado el mercado de trabajo y ha logrado aumentar la competitividad de las empresas. Pero ha tenido el efecto no deseado de incrementar el empleo temporal, lo que reduce las bases reguladoras. En 1975, en España había 3,5 millones de pensionistas. Ahora hay más de nueve millones, con una raquítica proporción de dos trabajadores por cada pensionista. La última EPA, tal como informamos hoy, revela que España es el segundo país de la UE con más subempleo, con un 8,5% del total, solo superado por Chipre (9,2%). Los salarios de los nuevos empleos, por tanto, no compensan las prestaciones de los pensionistas que se incorporan al sistema. En 2015 el sueldo medio de los nuevos contratos fue de 1.250 euros mensuales, mientras que la pensión de los nuevos jubilados superó los 1.340 euros.

El Gobierno ha desaprovechado una legislatura con mayoría absoluta para impulsar una reforma estructural que garantice el futuro de las pensiones. Se trata de una asignatura pendiente que, de manera sorprendente, pasó desapercibida en la última campaña. El próximo Gobierno debe convocar a todas las fuerzas a la Comisión del Pacto de Toledo e introducir los mecanismos necesarios para salvar de la quiebra a la Seguridad Social. Y ello pasa por tener en cuenta el envejecimiento de la población, cambiar la forma de revalorizar las pensiones y reducir las partidas de gasto. Una opción cabal pasaría por que el Estado asuma, con cargo a los Presupuestos, el pago de las pensiones no contributivas. Esto garantizaría las de los trabajadores que han estado cotizando durante toda su vida laboral.

No valen ya recetas demagógicas, como las que agita el populismo; ni improvisaciones, como el impuesto que sugiere el PSOE para sufragar las pensiones. Cualquier medida aislada no dejaría de ser un parche. Urge afrontar, con una visión a largo plazo y apelando al consenso, una reforma integral de la Seguridad Social. En juego está apuntalar uno de los pilares del Estado de bienestar.

Publicado por: Alex el martes 05 de julio de 2016



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