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Despedido tras denunciar supuestas irregularidades de empresa pública

El colectivo de denunciantes de corrupción se han reunido para apoyar en los Juzgados a Juanjo Romero, un trabajador que fue despedido por negarse a participar en el encubrimiento y denunciar una serie de irregularidades descubiertas en su puesto de trabajo en el sector público (Aena) como personal laboral cedido por Ineco.

Este jueves a las 10.50 horas en el Juzgado de lo Social número 3 de Madrid se celebrará una vista pública para determinar si se ha ejecutado correctamente (se produjo la readmisión en su puesto de trabajo) de una sentencia condenatoria (la segunda) contra dicha empresa pública.

Una de estas supuestas irregularidades, según explican los denunciantes, fue calificada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional como un ilícito penal, pero lo que primero se consideraba delito por el fiscal luego se modificó posteriormente y se definió como ‘irregularidad administrativa’, “dejándose prescribir las responsabilidades oportunas dadas las conexiones de estas irregularidades con relevantes cargos de la Administración y de la gestión aeroportuaria española”.

“Se dejó completamente abandonado y a su suerte a quien aportó diversas pruebas adicionales de lo que el Ministerio Fiscal había mantenido como delito ante la Sala de lo Penal de la Audiencia y en contra del criterio del actual ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cuando estaba al frente del Juzgado Central de Instrucción número 3 y a quien le fueron dirigidos varios escritos de este trabajador represaliado en los que se le informaba que intencionadamente se le habían ocultado al magistrado información y documentación relevante para el devenir de la instrucción del procedimiento”, han añadido en un comunicado.

“Una de las maniobras más habituales de la Administración y empresas públicas --utilizando por supuesto dinero público para contratar despachos de abogados de primera línea-- es ahogar la voz de los denunciantes de corrupción y ejemplificar a quien tenga intención de hacer lo mismo en el futuro. De este modo, se les obliga a acudir a interminables y costosos procesos judiciales que son dilatados en el tiempo buscando el agotamiento físico y psicológico, así como su asfixia económica”, han proseguido los también llamados ‘whistleblowers’.

Publicado por: Alex el viernes 09 de noviembre de 2018



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