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Bruselas reprende a España por la elevada desigualdad y pobreza

Tras una década prácticamente perdida, la economía española sigue creciendo por encima de la zona euro y creando empleo. Pero esas cifras dejan en un segundo plano un ingente paquete de asignaturas troncales y pendientes que Bruselas expone en el análisis del llamado Semestre Europeo, que fija las políticas económicas, fiscales y sociales prioritarias que deben emprender los países en el año en curso.

El informe concluye que, en general, los avances de España en el último año han sido “limitados”. Es decir, un aprobado raspado. Y advierte de que esa lentitud se debe también al contexto político de los últimos doce meses, con un cambio de Gobierno y la convocatoria de elecciones en abril.

Ha habido crecimiento. Y se prevé que lo siga habiendo. Pero el informe alerta de que sigue habiendo “desafíos importantes”. El principal: reducir esa capa de ciudadanos que ha quedado apartada de la recuperación. “El paro está cayendo rápidamente, a la vez que conduce a una leve caída de la pobreza y la exclusión social, pero demasiada gente sigue sin un empleo o con contratos laborales temporales y la desigualdad en los ingresos es acusada”, asesta la Comisión Europea.

En comparación con la “robusta” expansión de los últimos años, Bruselas solo ve “ligeras mejoras” en el terreno laboral y social. La tasa de empleo, señala, sigue siendo baja. Y resalta dos factores que ponen de manifiesto la actual precariedad del mercado de trabajo: la posición de “desventaja” que aún sufren las mujeres respecto a los hombres y el “uso generalizado de contratos temporales”, que considera un freno para el “crecimiento potencial” y para la “cohesión social” del país.

La Comisión identifica causas y consecuencias de esa precariedad utilizando indicadores que tratan de medir el desempeño en el llamado pilar social. Y estos arrojan que la tasa de abandono escolar es “aún elevada”. El informe admite que el único terreno en el que ha habido “algunos avances” significativos ha sido el de la modernización de los servicios públicos de empleo, pero sigue apreciando “barreras a la movilidad laboral” que reducen las oportunidades para los solicitantes.

La otra gran tarea por delante es enderezar la “desigualdad en los ingresos y oportunidades” que, según reza el documento, “persisten” en España. La Comisión reconoce ahí que la subida del salario mínimo interprofesional en un 22,3% “podría ayudar” a reducir el volumen de trabajadores que viven en la pobreza. Pero, como ya ha hecho en anteriores informes, avisa de los efectos secundarios de esa medida, especialmente para trabajadores jóvenes y con una baja calificación.

“La proporción de gente con riesgo de pobreza o exclusión social descendió ligeramente en 2017, pero sigue alta, particularmente la infantil”, apunta con rotundidad el documento. El peligro de caer en esa situación, recuerda el estudio, es mayor entre los trabajadores temporales, los que tienen baja cualificación y los inmigrantes de fuera de la Unión Europea. Y España, concluye, no está bien armada para combatir ese fracaso social: el gasto público en prestaciones familiares equivale a “la mitad de la media de la UE” y, además, debería estar mejor enfocado hacia familias con ingresos bajos.

Publicado por: Alex el domingo 24 de febrero de 2019



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